La Ley de Fraudes, Ley 21.234 de 2020, marca un hito en la protección de los consumidores en Chile, en particular en relación con los medios de pago electrónicos y las transacciones en línea. Su principal objetivo es limitar la responsabilidad de los usuarios en circunstancias de pérdida, robo, hurto o fraude de sus medios de pago, principalmente tarjetas de crédito y débito.
Antes de la implementación de esta ley, muchos usuarios de tarjetas de crédito en Chile se encontraban en situaciones financieramente complicadas cuando se convertían en víctimas de fraude. Algunos tenían que asumir responsabilidades económicas significativas, que a menudo alcanzaban montos exorbitantes, por transacciones que no habían autorizado. Sin embargo, la Ley 21.234 de 2020 busca aliviar esta carga.
Según esta normativa, cuando se produce un fraude con una tarjeta de crédito, los usuarios solo son responsables de las transacciones realizadas con su tarjeta hasta el momento en que notifican la pérdida, el robo o el hurto a la entidad financiera.
Esto significa que cualquier operación fraudulenta que se realice después de la notificación no recaerá en el usuario. Además, en caso de clonación de la tarjeta o fraudes que no requieran la posesión física de la misma, el usuario no tiene ninguna responsabilidad por las transacciones no autorizadas.
También establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos rápidos y eficientes para atender las notificaciones de los usuarios. En estos procedimientos, se deben incluir medidas para bloquear de inmediato la tarjeta y evitar su uso fraudulento. Además, las entidades tienen la obligación de devolver al usuario los montos cobrados por transacciones no autorizadas en un plazo máximo de 5 días hábiles.
Esta ley pone a los consumidores en una posición más justa, limitando su responsabilidad y garantizando un proceso de resolución más eficiente. Es un instrumento legal valioso para proteger a los usuarios de tarjetas de crédito de las dificultades financieras que a menudo acompañan al fraude.
¿A qué instrumento aplica?
El alcance de la Ley 21.234 de 2020 en Chile es bastante amplio, ya que cubre un espectro diverso de instrumentos financieros. Esto incluye tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos y cualquier otro sistema similar. De igual manera, la ley se aplica a los fraudes que se produzcan en las transacciones electrónicas.
¿Qué hacer en caso de extravío, hurto, robo o fraude?
Si se ve enfrentado a una situación de pérdida, robo, hurto o fraude, es esencial que tome medidas rápidas y precisas para minimizar cualquier posible daño. Lo primero que debe hacer es notificar a su entidad financiera lo más pronto posible. Las instituciones financieras están obligadas a proporcionar canales o servicios de comunicación para estos fines, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de acceso gratuito y permanente.
Al recibir su aviso, la entidad financiera debe proporcionarle un número o código de confirmación, que también incluirá la fecha y hora de la notificación. Este es un paso crítico, ya que a partir de este momento, cualquier uso fraudulento del medio de pago no será responsabilidad del usuario.
Inmediatamente después de recibir su notificación, la entidad financiera deberá bloquear el medio de pago para prevenir cualquier uso indebido. También deberán enviarle un comprobante con los detalles de su notificación, incluyendo fecha, hora y número de seguimiento. Este comprobante puede ser enviado a través del canal de su elección.
Sobre sus derechos y deberes
Es importante tener en cuenta que como usuario, tiene hasta 30 días para identificar y disputar cualquier transacción realizada sin su consentimiento. Esta disputa puede incluir transacciones realizadas hasta 120 días antes de la fecha de la notificación del fraude.
La Ley 21.234 también establece que la entidad financiera será responsable de cualquier operación realizada después de su aviso y de cualquier consecuencia económica resultante de dichas operaciones. Además, cualquier cláusula que pone el deber de prueba sobre el usuario se considerará inexistente y ya no tendrá efecto.
Esta legislación representa un gran avance para los usuarios de medios de pago en Chile, brindándoles protección y limitando su responsabilidad en caso de fraude.
¿Cómo afecta esto a las operaciones en línea?
La Ley 21.234 de 2020 no solo protege a los usuarios de tarjetas físicas, sino que también se extiende a las transacciones electrónicas. Esto se refiere a todas las operaciones que se realizan digitalmente y que resultan en cargos o abonos en cuentas bancarias, cuentas de ahorro, cuentas de provisión de fondos, tarjetas de pago y otros sistemas similares.
Este marco legal cubre una variedad de transacciones digitales, incluyendo, pero no limitándose a, las instrucciones de débito en cuentas para crédito en otras cuentas, los pagos y cargos automáticos, las transferencias electrónicas de fondos, los adelantos en efectivo y las transacciones en cajeros automáticos. Además, se aplica a cualquier operación electrónica incluida en el contrato de servicios financieros.
Es importante mencionar que la ley no solo cubre transacciones realizadas en la web, sino que también se extiende a otras plataformas digitales, informáticas, telefónicas o cualquier otro sistema similar proporcionado por la entidad bancaria o el proveedor de servicios financieros.
Puntos clave a tener en cuenta
De acuerdo con la normativa, la entidad financiera está obligada a enviarle una alerta de fraude y debe haber un registro de su recepción. Si reconoce una transacción desconocida, es vital que se comunique con su entidad financiera lo más pronto posible.
Además, la ley deja claro que la entidad financiera tiene la carga de demostrar que una operación específica fue autorizada por usted. Simplemente registrar la operación no será suficiente para demostrar su consentimiento.
Conocer el funcionamiento del fraude de tarjetas de crédito es esencial para mantenerse a salvo. Mantenerse vigilante no solo le ayudará a prevenir el fraude, sino que también le permitirá evitar los trastornos y las dificultades que enfrentan las víctimas de estos delitos.